La inmigración ilegal es un flagelo para las sociedades y el nacimiento de niños de padres ilegales también constituye un lastre para las economías y los servicios sociales.
Un estudio del Centro de Estudios sobre Inmigración (CIS) de Washington, D.C. hace unos años revelaba que una mayoría de países no conceden ciudadanía por el simple de hecho de haber nacido en su territorio, sino que la condiciona a que uno de los padres o incluso los dos sean residentes legales y casos en que deben ser hasta ciudadanos o para un límite de hijos.
Aunque resulte paradójico, la tendencia mundial se encamina a eliminar estos beneficios, tal como lo han hecho Australia, Irlanda, India, Nueva Zelanda, Inglaterra o Malta en las últimas décadas. De las 31 naciones más avanzadas, solo EEUU y Canada mantienen el jus soli, esto es, nacionalidad o ciudadanía por nacimiento, mientras que en las pocas restantes se debate en muchas ocasiones por su eliminación. Los EEUU no son un caso aparte donde, incluso desde 1993 y a propuesta del senador demócrata Harry Reid, se llevó una petición para el cambio a la enmienda constitucional, algo que tiene apoyo bipartidista pero que encuentra temores en enfrascarse en el dilema de retocar la Constitución, no obstante se siga proponiendo leyes de este tipo.
Ante el desorden humanitario provocado por países gamberros-bananeros, una política de inmigración sostenible es necesaria para no crear el caos en naciones receptoras y desalentar éxodos masivos e intermitentes, en muchas ocasiones dirigidos por mafias de contrabando humano y que tantas vidas a cobrado en esos intentos de escapar hacia los llamados paraísos.
No comments:
Post a Comment